Las causas que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace ya casi 14 años no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de todos los chiapanecos.
Parece que imperaron criterios que ahora no se atreven a decir su nombre, pero que desde un principio apostaron a que la fatiga y el desgaste terminarían por desmembrar a los insurgentes, condición para la restitución del viejo orden, inaceptable por injusto.
Esos vaticinios fallaron, por eso ahora nadie reconoce su paternidad; fue mucho lo que estuvo en juego en el pasado reciente, los equilibrios de las armas son frágiles e inestables, y si en Chiapas no se rompieron fue gracias a la lealtad de muchos lo que permitió el nacimiento de una nueva iniciativa para ampliar y profundizar la distensión con el EZLN.
Es necesario reconocer la capacidad organizativa del EZLN, así como la forma y el método con que ha podido establecer una relación armónica entre sus bases a partir de las juntas de buen gobierno, cuyo trabajo ha permitido procesar diferencias y consolidar sus propios proyectos políticos y sociales.
Los adversarios naturales del zapatismo, aquellos que violentaron sistemáticamente los derechos indígenas y orillaron al levantamiento, mantienen en forma soterrada la intolerancia beligerante que siguen demostrado y a regañadientes permanecen justo en los límites de la legalidad.
Es notable la inmovilidad que impregnó al gobierno federal de la administración pasada, la cual trascendió ya al actual, que a casi un año de tomar posesión parece mantener el mismo lema: el conflicto terminará por desgaste y extenuarse naturalmente, no hay que intervenir.
En contraste con la pasividad del Estado mexicano, el EZLN permanece decidido a sostener sus banderas; a pesar de los magros resultados obtenidos en su actividad política legal, sus dirigentes siguen cuidando la unidad de sus comunidades impulsando iniciativas en el contexto de la ley.
Esto no puede ni debe pasar desapercibido por los diferentes actores políticos nacionales, porque es justo reconocer que la actual redistribución del poder político que los chiapanecos expresaron en las urnas el domingo pasado, así como los avances con que en materia de infraestructura cuenta el estado, se deben en gran medida a la contribución que el EZLN ha realizado en el escenario político chiapaneco.
Nadie puede regatear la aportación significativa del EZLN en la democratización y el avance de Chiapas. Es cierto que los zapatistas no participan electoralmente, pero su lucha se ha expresado en una reformulación del poder político en el estado. Parece contradictorio, pero no lo es, ya que las repercusiones de la lucha zapatista también se han expresado en una mayor pluralidad en la realidad chiapaneca. Hay una deuda con ellos en este renglón, así como en muchos otros.
El reconocimiento de esta realidad implica que el Estado mexicano y sus instituciones asuman una iniciativa coherente y articulada que permita destrabar el conflicto. Así como el Senado de la República pudo abordar el tema de la reforma electoral, de la misma forma deberá retomar y solucionar el gran pendiente que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas. Sólo así podrá hablarse de una reforma integral del Estado. Dar una salida digna al conflicto entre el EZLN y el gobierno federal es un imperativo impostergable.
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